Archives

  • 2018-07
  • 2019-04
  • 2019-05
  • 2019-06
  • 2019-07
  • 2019-08
  • 2019-09
  • inos inhibitor La pol tica institucionalizada se convirti y

    2019-06-11

    La política institucionalizada se convirtió y se aceptó, por parte de los actores relevantes del sistema (neo-oligarquías e instituciones), y en gran medida por lo benevolente y bondadosa que sería para los intereses del gran capital, como el vehículo hacia el futuro del Estado. Se decretó que la crisis del Estado latinoamericano no era solamente fiscal, sino de funcionamiento y legitimidad política. Identificado el problema, el software de la solución solamente debía ejecutarse. Ante esto, la necesidad de cambios y reformas estructurales se impuso. La intención fue emprender un proceso sistemático de reforma al Estado, al enfocarse inos inhibitor un proceso complejo de liberalización económica, y facilitar procesos políticos que garantizaran la eficiencia, responsabilidad y participación democrática. Éstas, como proceso decretado, serían la salida a la crisis del Estado, de la democracia y de la gobernabilidad democrática. Políticas económicas como desagregación de la esfera política y económica. Como señala Avalos, Ante esta idea de comprender las transformaciones del Estado, el argumento del aparato o de la “forma” del aparato del Estado, que no es igual a la forma-Estado, explora soluciones sistémicas: input-output, demandas-respuestas y considera labor realizada a los procesos de cambio organizacional o institucional que se traducen en indicadores y nuevos modelos eficientes de administración. Esta orientación que es innegable, incluso necesaria para el análisis de ciertas disciplinas residuales como la administración pública y la ciencia política, vista desde los paradigmas institucionalista y neoinstitucionalista es débil al momento de referir el sentido de la crisis del Estado, de la forma en la que se construye y constituye el entramado de las relaciones sociales, no diferenciadas o separadas radicalmente de lo económico y lo político, sino integradas como un Todo, que en el argumento de la interpretación significa una reflexión crítica a los fenómenos de la explotación y la dominación social. Como Refieren Gilly y Roux, Al Citar a Tandem repeats Husson, Por lo tanto, tirar por la borda las interpretaciones que vinculan el universo de lo político estatal con los diversos procesos de la dominación social, es como señala Avalos, si en la teoría, en el nivel de lo racional, o de lo consciente, no se quisiera reconocer, por incómoda o molesta, una experiencia traumática que no obstante sigue existiendo. “Desalojo” o “represión” fue el nombre técnico que dio Freud a este fenómeno psíquico. Convenientemente llevada al plano social y político, puede hablarse de una sintomática represión de un vínculo traumático; a saber: el que mantienen, de forma constitutiva y “siempre-ya”, la economía y la política. Asimismo, analógicamente y guardadas proporciones, cuando el vínculo deviene como necesidad de cambio, y la descalificación es un sinsentido, algunas formas de amputación pueden desempeñar un papel trascendental si las asumimos como castigo. En Freud, a través de la castración se cancela el deseo inconsciente de tener relaciones sexuales con el progenitor del sexo opuesto y de eliminar al padre del mismo sexo. En esa circunstancia, la amputación se acepta. Pero ¿qué ocurre cuando existe un desmantelamiento sistemático de la lógica estatal y se acepta? En ese momento se incorpora en la cotidianidad relacional, social, un diagnóstico débil y superficial, que le significará una “privación”, la cual no es más que una “nueva” forma de castigo no-institucionalizado. Por eso la acepta políticamente, a manera de nuevas formas de cesarismo, bonapartismo o bismarckismo. Es el establecimiento del autoritarismo democrático caudillezco necesario, progresivo si garantiza inos inhibitor el proceso de alineamiento de intereses de la desahuciada economía local, nacional con el capital transnacional, y regresivo si la política imposibilita dicho vínculo y emplea los recursos estatales para inversión y gasto social con políticas asistencialistas.