Previamente conviene se alar que

Previamente, conviene señalar que al hablar de movimientos sociales nos referimos a los “procesos por los cuales los actores colectivos producen la acción, siendo capaces de definirse en ella a sí mismos y al campo de acción en que operan”. Construyen así su ser social de manera colectiva, lo cual implica constituir una identidad basada en el reconocimiento de intereses compartidos y la definición de estrategias conjuntas a desplegar en la acción colectiva a fin de conseguir los objetivos propuestos. Los movimientos articulan también niveles de organización y liderazgos que les permiten desplegar la protesta, planteando discursos que presentan su problemática e interpelan tanto al Estado como a la sociedad respecto a la necesidad de modificar leyes y políticas públicas e impactar en sentidos comunes e idearios. Actualmente, en Latinoamérica podemos ubicar a los movimientos sociales en el marco de los cambios suscitados a raíz de las “transiciones democráticas” y los procesos de ajuste estructural que significaron las reformas neoliberales. Destaca así por un lado, la primacía del modelo primario exportador pues la presión sobre los recursos naturales da lugar a nuevos “lenguajes de valoración” que colocan al centro la defensa de la territorialidad como espacio de construcción de la comunidad de vida. Por otro lado, vemos que lejos de esperar que las estructuras partidarias recobren la vitalidad perdida, organizaciones y movimientos sociales tejen diversas interacciones con la política electoral. Es el caso de lo ocurrido en Bolivia donde el movimiento indígena y cocalero impulsó el Movimiento al Socialismo (mas) como el “instrumento político”, lo cual llevó al poder a Evo Morales. Fue también la idea del Partido del Trabajo (pt) en Brasil que articuló una serie de organizaciones con el fin de competir de manera electoral. Al efectuar un análisis de los principales movimientos sociales en el Perú de hoy, con dna ligase en sus plataformas reivindicativas, marcos identitarios y estructuras organizativas, podemos distinguir dos grandes grupos. Primero los movimientos cuya problemática se enfoca en cuestiones más bien sectoriales y económicas desde un lenguaje de izquierda y estructura sindical (universitarios, docentes, campesinos, médicos, etc.). Por otra parte, las diversas poblaciones que se organizan contra la expansión de la industria extractiva, en especial minera y petrolera, apelan para ello a revaloraciones étnicas y defensa de los recursos con base en una organización más bien territorial (Cajamarca, Espinar, Islay, etc.). Ambos grupos, surgen o se reorganizan en la última década, y expresan un profundo malestar frente a la continuidad de las políticas neoliberales implementadas durante el fujimorismo y la demanda de transformaciones sustanciales a la normatividad y el marco ideológico predominante. Respecto al primer grupo, tenemos aquí diversas organizaciones sindicales vinculadas a alguna rama del sector público. Es el caso por ejemplo del Sindicato de Trabajadores de la Educación o la Federación Médica, por anotar algunos de los que más se han movilizado en los últimos años reclamando mejoras salariales pero también políticas educativas y de salud que los incluyan como interlocutores. Junto a ellos puede incluirse a los trabajadores de los denominados “services” o empresas de tercerización de servicios, las cuales se expandieron tras la reforma laboral de 1992, lo cual precarizó el empleo y recortó derechos como vacaciones y horas extras, entre otros. Medianas y pequeñas empresas en expansión, como los textiles Topy Top o la fábrica de bebidas Kola Real, se han valido de esta forma de contrato para incrementar sus ganancias, con ello deben enfrentar ahora los reclamos del personal. Finalmente, se ubican los estudiantes universitarios que en diferentes lugares del país protestan ante el abandono en que sobrevive la universidad pública, tras años de recortes presupuestales y represión política durante los años de conflicto armado y posterior pacificación. Si bien a primera vista podía afirmarse que se trata de demandas “economicistas” que se reducen al aumento de sueldos, salarios o presupuestos, la acción de estas organizaciones remite a problemas de fondo relacionadas con la continuidad del modelo económico, al poner en debate el papel del Estado y del mercado en ámbitos como la educación y la salud. Asimismo, plantean impugnaciones concretas tanto al marco normativo heredado del fujimorismo, con una legislación laboral abiertamente favorable a los empresarios, como a las inequidades derivadas de una política económica que, pese al crecimiento sostenido del PIB, no resuelve problemas de exclusión ni garantiza derechos para las y los trabajadores.